En el día de la conmemora de San Cayetano (patrono del trabajo y la oración), realizan una manifestación desde la iglesia que lleva su nombre en Santa Rosa hasta la plaza San Martín, donde harán ollas populares.
En una declaración pública, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Cooperativa La Comunitaria, Desayunador Villa Germinal, Movimiento Evita, señalaron que “después de años de muchísima organización, unidad y lucha, los movimientos populares y todas las organizaciones sociales que nuclean a las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular conquistamos la aprobación de la Ley de emergencia social en diciembre de 2016 y su reglamentación en marzo de 2017. Gracias a esa conquista alrededor de cuatrocientos mil compañeras y compañeros en todo el país cobran hoy el Salario Social Complementario equivalente a la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.
“Por aquellos días decíamos que el país y nuestros barrios estaban mal. Hoy tenemos que decir que están peor. El aumento de la pobreza y la indigencia, del hambre y la desigualdad, del desempleo y la precarización laboral, de la represión y la discriminación, del saqueo y la destrucción del ambiente, del dolor y el sufrimiento social, ha profundizado el estado de emergencia social del país”, recodaron.
Denuncian que “esta situación catastrófica es consecuencia de estructuras socioeconómicas que ponen al dinero y la ganancia empresaria por encima de las personas y la naturaleza, sistema que se ha hecho global, pero que en Argentina se ha profundizado en sus efectos a partir de la aplicación de políticas de ajuste por parte del actual gobierno nacional que han resultado en una fuerte recesión de la actividad económica, un aumento sideral de la deuda externa y la concentración de la riqueza social, una fuerte transferencia de ingresos desde el pueblo laburante hacia los ricos y una creciente permisividad del Estado frente a la acción desbastadora de los proyectos extractivos sobre la Madre Tierra”.
“Para colmo de males, el gobierno de Mauricio Macri trata de apagar este incendio con nafta firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estamos convencidas y convencidos de que esta vuelta al FMI es una señal clara del riesgo que corre el futuro de la Argentina: nos empujan a una crisis social peor que la del año 2001 y vamos camino a un “genocidio social”. Por eso mismo rechazamos el acuerdo con el FMI y exigimos el tratamiento urgente de cinco leyes nacionales fundamentales para los sectores más empobrecidos: Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios Populares, Infraestructura Social, Agricultura Familiar y Ley de Adicciones”, resaltan.
Agregan que “mientras tanto, en nuestra provincia de La Pampa, que es una de las provincias más ricas de la Argentina, uno o una de cada tres pampeanas es pobre o indigente. En nuestra provincia que es una de las provincias más ricas en recursos, la tasa de desocupación trepa a más del 10% y uno o una de cada cinco pampeanas ocupadas busca también otro empleo. Lamentablemente, la situación es mucho más grave para las y los jóvenes, las mujeres y personas trans”.
“En este contexto tenemos claro que el Salario Social Complementario es un paliativo que apenas nos permite sostener niveles de subsistencia. Se trata de la conquista de un derecho fundamental que, sin embargo, no alcanza. Basta con prestar atención a la apertura de nuevos comedores y copas de leche en cada uno de nuestros barrios. Al mismo tiempo, no hemos avanzado en la dignificación de la Economía Popular a través del fortalecimiento de nuestras unidades productivas”, contaron.
“Nuestras organizaciones sociales, creadas para la transformación social y el servicio a la comunidad, hoy apenas logran una contención que lejos de alegrarnos nos llena de bronca. Sin embargo, sabemos que, si nos faltara la lucha de las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular organizados gremialmente, la situación de las y los más humildes sería infinitamente peor. Pero eso no alcanza”, describen.
“Y porque eso no alcanza, es que vamos a exigir lo que nos falta: una Ley provincial de Economía Popular. La Ley provincial de Economía Popular que exigimos incluye la creación de un Registro provincial de la Economía Popular (fundamental para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar), un Consejo Provincial de la Economía Popular (con la participación de representantes del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de La Pampa y delegadas o delegados del sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular) y un Fondo de promoción de la Economía Popular (que garantice los derechos sociales y laborales de las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular y que financie las políticas de promoción del sector)”, señalaron.