Carne pampeana en la Patagonia. La eliminación de la barrera sanitaria de carne enfrenta a La Pampa y Río Negro. Claves del conflicto y sus consecuencias.
La eliminación de la barrera sanitaria de carne desató una guerra fría entre La Pampa y la Patagonia. La resolución 180/2025 del SENASA, suspendida tras protestas, buscaba integrar mercados, pero Río Negro la tilda de “caballo de Troya” que esconde riesgos sanitarios. Para La Pampa, es una cuestión de justicia comercial: “No puede haber ciudadanos de primera y segunda”, afirmó Sergio Ziliotto. Para los patagónicos, es una amenaza a su identidad productiva: “Nos robarán el futuro”, advirtió Alberto Weretilneck.
La barrera sanitaria patagónica no es un muro físico, sino un protocolo. Desde 2003, restringe el ingreso de carne con hueso y material reproductivo de zonas con vacunación contra la fiebre aftosa. Este candado le permitió a la región exportar el 40% de su producción a mercados que pagan hasta un 20% más por el sello libre de aftosa sin vacunación. La Pampa, aunque también libre de la enfermedad, vacuna a su ganado por precaución, lo que le impide acceder a esos mercados.
Ziliotto celebra la resolución como un “acto de federalismo”: “Nuestra carne es segura y de calidad; el problema es la burocracia”. Los frigoríficos pampeanos, que facturan USD 500 millones anuales, esperan aumentar sus ventas un 15% con el acceso al mercado patagónico. “El asado es el corte más consumido, y hoy no podemos enviarlo”, explicó Marcelo Ruiz, dueño de un frigorífico en Santa Rosa. La medida establece controles en transporte y trazabilidad, pero Weretilneck desconfía: “Un error y perdemos todo”.
El riesgo sanitario no es la única preocupación. Productores patagónicos denuncian competencia desleal: “La Pampa tiene costos menores por escala y subsidios”, dijo Ana López, ganadera de Bariloche. Weretilneck aporta datos: un novillo pampeano cuesta USD 800; uno patagónico, USD 1.100. “Si nos inundan de carne barata, miles perderán empleos”, alertó. Gustavo San Román, legislador rionegrino, va más allá: “Es un intento de los frigoríficos pampeanos por monopolizar el sur”.
El consumidor, en el centro de la polémica, recibe mensajes contradictorios. La Pampa promete “asados a precios justos”, pero en Río Negro, el kilo de asado ya cuesta $ 5.800, igual que en Buenos Aires. “La logística encarece todo; no habrá milagros”, admitió un distribuidor de Viedma. Para Bassi, de la Sociedad Rural del Alto Valle, el debate es una cortina de humo: “El precio lo fija la cadena de intermediarios, no los productores”.
El rol del SENASA también está en duda. Las provincias patagónicas exigen que el organismo audite los controles en tiempo real. “Si fallan, serán responsables de una crisis sanitaria”, advirtió Peláez. El SENASA asegura que aplicará tecnología blockchain para rastrear cada envío, pero los técnicos patagónicos piden pruebas piloto antes de junio. “No somos conejillos de Indias”, resumió Weretilneck.
Mientras la tensión sube, las alternativas se discuten en mesas técnicas. La propuesta patagónica de unificar el estatus sanitario nacional enfrenta resistencias: Buenos Aires y Mendoza, con rodeos más grandes, temen costos adicionales. “Es más fácil criticar que proponer”, ironizó Ziliotto. Para los expertos, la solución pasa por un plan de transición con plazos claros y financiamiento internacional. “Chile logró erradicar la aftosa en cinco años; Argentina puede hacerlo en tres”, sugirió un informe de la FAO.
El reloj corre. En junio vence la suspensión, y ambas provincias movilizan apoyos. La Pampa presiona al gobierno nacional con el argumento de la “unidad productiva”; Río Negro, con el lobby de cámaras exportadoras. El consumidor espera, pero sabe que, en este juego, nadie cederá sin pelear. La pregunta sigue en el aire: ¿integrarse al mundo o proteger lo local? La respuesta definirá no solo el precio del asado, sino el futuro económico de dos regiones que miran al mismo país desde orillas opuestas.